El Ayuntamiento de Colau “abre y registra» el correo privado que llega a los grupos de la oposición

El Ayuntamiento que gobierna Ada Colau «abre y registra» toda la correspondencia que llega al Consistorio, independientemente de quién sea el destinatario. Así, las cartas que reciban los distintos concejales y trabajadores del organismo, no gozarán de la obligada confidencialidad si en el mismo sobre no aparecen las palabras: «Reservado», «confidencial» o «a la atención personal».

Uno de los afectados de esta violación reiterada de un derecho recogido y penado por el Código Penal, es el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández. Éste manifestó una queja por escrito al recibir toda su correspondencia abierta, y reclamó una explicación al respecto. La respuesta del Ayuntamiento no deja lugar a dudas. Así cita el texto: «Se abrirá y registrará toda la documentación que llegue por correo incluida la que tenga como destinataria a una persona física cuando se le dirija en virtud de su relación con el Ayuntamiento, y también la que se dirija a los órganos y cargos de la administración municipal central, territorial e institucional, incluidas las concejalías, las tenencias de alcalde y la Alcaldía. Se exceptúa de esta regla general la documentación dirigida a los grupos políticos o aquella en la que se haga constar expresamente en el sobre que está dirigida ‘a la atención personal’ de aquél a quien va dirigida, su ‘confidencialidad’ o su carácter ‘reservado’. Tampoco se abrirán las plicas relativas a procedimientos de contratación».

Por tanto, cualquier misiva en la que un vecino del municipio quiera trasladar a sus representante una solicitud, una queja o una inquietud, sea cuál sea el partido en el que milite el destinatario, será interferida una vez llegue al Consistorio.

La violación de la correspondencia ajena está tipificado en el Código Penal español, concretamente en el artículo 197.1º que dispone lo siguiente:  «El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».

Fernández, quién ha denunciado en muchas ocasiones las políticas de Colau, vuelve a enfrentarse a la Regidora con la finalidad de que se respete el derecho de recibir su correspondencia sin que nadie la abra y la lea previamente.

Las políticas de Colau

Desde que Ada Colau llegase a la Alcaldía de Barcelona tras las elecciones municipales de 2015, no ha dejado de generar polémica por sus políticas.

Hace unas semanas, Colau se negó a ceder un espacio público municipal para que se pudiera montar una exposición en homenaje a las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, el mayor cometido por la banda terrorista en la ciudad condal y que el próximo 19 de junio cumplirá 30 años.

Tanto la alcaldesa como su número dos, Gerardo Pisarello, no contestaron a los diversos correos electrónicos que el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, les envió para llevar a cabo esta petición.

La plataforma ‘Barcelona con la Selección’ ha sido también una de las dianas del Consistorio de Colau, puesto que les ha llegado a sancionar hasta con 4 multas, motivo por el que han tenido que abrir un proceso de crowfunding para poder hacer frente a los gastos económicos que han supuesto.

Colau decidió multar la semana pasada a esta plataforma por la colocación de una pantalla grande en la plaza de Cataluña para ver el partido de la Eurocopa que enfrentó a España y a Italia el pasado 27 de junio de 2016.

Esto contrasta con el trato que el Ayuntamiento de Barcelona tiene con los manteros de la ciudad, puesto que desde el mes de marzo del año pasado, se activó un plan de empleo para este tipo tipo de vendedores. Gracias a esto, aquellos manteros que se encuentren en situación irregular y que estuvieran empadronados en la ciudad condal antes de julio de 2015 podrían acceder a este plan.

El verano pasado, tanto la Policía Local como la Guardia Urbana registraron varios ataques por parte de los manteros a estos efectivos, que contaron con la permisividad de Colau puesto que no tomó ninguna medida al respecto.

OKDIARIO informó también de que el Ayuntamiento barcelonés ha creado un fichero con datos personales de los los agentes de la Guardia Urbana, en concreto, para saber la «ideología, religión y vida sexual» de estos agentes de la autoridad.

El Gobierno municipal lo anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del pasado 23 de febrero, alegando a su vez que se trataba de una «actualización de formatos de una base de datos existente».

Sin embargo, el secretario de organización y comunicación de la sección sindical del CSIF, Eugenio Zambrano, aseguraba que esto es «rotundamente falso», al tiempo que añadía que «no solo atenta directamente contra nuestros derechos fundamentales, sino que es un verdadero peligro para nosotros».